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Un panel federal de elecciones emitió un dictamen el 6 de febrero al afirmar que el expresidente Donald Trump no goza de inmunidad contra el proceso judicial por conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020. La decisión marca la segunda ocasión en la que los jueces rechazan las alegaciones de inmunidad de Trump, sosteniendo que puede ser procesado por sus acciones durante el Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Esta nueva resolución también plantea la posibilidad de que Trump lleve sus apelaciones hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, generando un escenario legal complejo. El juicio, inicialmente programado para marzo, fue pospuesto la semana pasada sin una fecha concreta, con implicaciones políticas significativas. Trump, favorito en las primarias republicanas, busca retrasar el proceso hasta después de las elecciones de noviembre, en caso de vencer al actual presidente Joe Biden.
La cuestión central que enfrenta la justicia es si los expresidentes pueden ser procesados por acciones tomadas en la Casa Blanca después de dejar el cargo. Aunque la Corte Suprema ha sostenido que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, la defensa de Trump argumenta que esta protección debe extenderse también al procesamiento penal. Sin embargo, los abogados del fiscal especial Jack Smith sostienen que no hay inmunidad constitucional y que las acciones de Trump no estaban relacionadas con sus deberes oficiales.
La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, quien preside el caso, rechazó los argumentos de Trump, subrayando que el cargo presidencial no otorga un pase vitalicio para evitar la cárcel. A pesar de los intentos de la defensa de Trump de acelerar el proceso, el tribunal de apelaciones de D.C. quedó a cargo después de que la Corte Suprema rechazara intervenir rápidamente. El caso plantea preguntas fundamentales sobre la inmunidad de los expresidentes y tiene el potencial de impactar significativamente en el panorama político estadounidense.
