La acción busca la disolución y liquidación de las empresas involucradas para restituir fondos a las víctimas del fraude asociado a la Cooperativa COSAVI.
Jurídico08/06/2024
Ahora Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) ha interpuesto una demanda ante los Tribunales Civil y Mercantil de San Salvador contra seis sociedades, en un esfuerzo por continuar defendiendo al Estado y a las víctimas del fraude relacionado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI). Según las investigaciones, estas sociedades fueron utilizadas como vehículos para lavar dinero de los miembros asociados a la cooperativa.
La FGR solicita la disolución y liquidación de estas empresas, en cumplimiento con el artículo 352 del Código de Comercio. Esta medida permitiría disponer de los activos y bienes de las sociedades, los cuales se utilizarán para devolver el dinero desfalcado a las víctimas. La demanda subraya la necesidad de recuperar los fondos y resarcir a aquellos afectados por las actividades ilícitas.
Las investigaciones revelan que cada una de estas sociedades fue instrumental en el lavado de dinero y la defraudación de la economía pública. Se descubrió que se realizaron transferencias de grandes sumas de dinero entre sus cuentas sin ninguna justificación contable, y que las empresas no operaban de acuerdo con los detalles establecidos en sus escrituras de constitución. Además, se ha constatado que las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda no correspondían a transacciones reales.
La FGR ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando para responder a las víctimas y garantizar justicia. La institución seguirá utilizando todas las vías legales disponibles para perseguir a aquellos responsables de afectar la economía pública y a los asociados de COSAVI. Este caso es un ejemplo más de la lucha constante contra el lavado de dinero y la corrupción en el país.
Los afectados esperan que el proceso judicial avance de manera expedita, y que la disolución y liquidación de las sociedades permitan recuperar y distribuir los fondos desfalcados a las víctimas, brindando un paso más hacia la justicia y la reparación del daño económico causado por este esquema fraudulento.
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