Familias en tres comunidades capitalinas recibirán escrituras de propiedad

La Asamblea Legislativa ha aprobado la transferencia de terrenos al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), beneficiando a los habitantes de tres comunidades en la capital. Esta medida permitirá a las familias de Kiwanis en Soyapango, 1° de Junio en San Martín, y Nicaragua en San Salvador recibir escrituras de propiedad que legalizan sus terrenos. La iniciativa busca proporcionar seguridad jurídica a estas familias que durante décadas han vivido en incertidumbre respecto a la propiedad de sus viviendas.

El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, destacó la importancia de esta aprobación, señalando que es un acto de justicia para aquellos que han esperado mucho tiempo para obtener la legalización de sus terrenos. Con 60 votos a favor, se autorizó la donación de terrenos al Fonavipo, permitiendo así que 220 familias de la comunidad Kiwanis, afectadas por los terremotos de 2001, y 156 familias de 1° de Junio, que habían esperado 15 años para regularizar sus viviendas, puedan finalmente recibir sus escrituras.

Los legisladores también han tomado medidas para beneficiar a las familias en la colonia Nicaragua, quienes durante 25 años solicitaron un terreno seguro debido a los riesgos de desbordamientos y desprendimientos de tierra. El traspaso de un inmueble al Ministerio de Obras Públicas permitirá construir un proyecto habitacional para 80 familias, proporcionando una solución duradera a su situación de vulnerabilidad.

Además, se aprobaron reformas a la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, con el fin de abordar las estafas relacionadas con la venta ilegal de lotes. Las modificaciones simplificarán los procedimientos para que las familias estafadas puedan obtener la documentación de sus terrenos, ofreciendo una solución a quienes han sido víctimas de prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario.

La diputada Lorena Fuentes resaltó que estas reformas son un paso crucial para asegurar los derechos de las personas afectadas por estafas inmobiliarias y mejorar la transparencia en el proceso de regularización de lotes.