La reacción venezolana al informe sobre las elecciones de julio ha incluido propuestas para limitar la supervisión externa y una ofensiva legislativa controvertida.
Internacionales14/08/2024
Ahora Noticias
Tras la publicación de un informe preliminar de la ONU que cuestiona la transparencia de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen chavista ha respondido con hostilidad. El documento, que revela que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplió medidas esenciales para la integridad del proceso, ha sido calificado de “basura” por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez. Además, el chavismo ha propuesto prohibir la observación internacional en futuros comicios, en un intento por limitar la supervisión externa.
El informe de la ONU destaca que el CNE no cumplió con los plazos establecidos y que la gestión de los resultados no fue transparente. La publicación de los resultados detallados de las elecciones aún está pendiente, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro ya ha sido proclamado ganador de un tercer mandato. La cancillería venezolana ha rechazado categóricamente el informe, acusando a los expertos de difundir mentiras que socavan la confianza en los mecanismos de cooperación internacional.
En respuesta a la crítica internacional, el Parlamento venezolano está considerando una reforma legislativa que excluya a observadores extranjeros de futuras elecciones. La propuesta de Rodríguez busca cerrar las puertas a la intervención externa, argumentando que estos expertos no tienen legitimidad para juzgar el proceso electoral venezolano. Esta postura se enmarca dentro de un contexto más amplio de reformas legislativas que también incluyen medidas controvertidas para regular ONGs y redes sociales, que han sido criticadas por limitar los derechos civiles y políticos.
Además, el debate legislativo en Venezuela ha girado en torno a un paquete de leyes que incluye la regulación de ONGs y una ley contra el “fascismo”. Activistas y organismos internacionales han expresado su preocupación por estas propuestas, argumentando que podrían restringir gravemente las libertades individuales y la participación pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estas leyes podrían tener un impacto negativo en los derechos humanos y la libertad de expresión.
El clima de tensión en Venezuela se ha intensificado con la reciente represión de protestas opositoras y la detención de numerosos periodistas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado a frenar estas legislaciones, advirtiendo sobre un “clima de miedo” que dificulta la aplicación de principios democráticos y la protección de los derechos fundamentales. La respuesta del gobierno de Maduro ha sido un endurecimiento de su postura, incluyendo restricciones a plataformas de redes sociales y una promesa de mano dura contra los opositores.
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