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El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una creciente crisis política tras ser incluido en una investigación por el Consejo Nacional Electoral relacionada con su campaña de 2022. Mientras Petro arremete contra los magistrados del organismo, la oposición responde a sus acusaciones de golpe de Estado. "Aquí el único golpe de Estado que se está dando es el suyo contra la institucionalidad", declaró el senador Carlos Fernando Motoa, enfatizando que la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única que puede iniciar un juicio político en su contra.
El partido Centro Democrático también reprochó a Petro por su retórica incendiaria, instándolo a dejar de lado el discurso polarizador. En un comunicado, señalaron que "en poco menos de 26 meses de gobierno, se han registrado 182 masacres con 617 víctimas" y mencionaron el aumento en los índices de extorsión y homicidio. Este contexto se agrava con recientes ataques de grupos guerrilleros, lo que genera un clima de inseguridad en el país.
A pesar de la controversia, los aliados de Petro, como el Pacto Histórico, se manifestaron en Bogotá en defensa del presidente. La senadora María José Pizarro anunció que "a la persecución le respondemos con más derechos y movilización", subrayando el respaldo a la administración actual. Por su parte, Petro ha suspendido su agenda para priorizar su salud tras sufrir un cuadro gripal.
En el ámbito internacional, varios gobiernos de América Latina, incluyendo Brasil y México, han expresado su solidaridad con Petro, argumentando que "esta ofensiva en contra de la democracia colombiana forma parte de una estrategia más amplia orquestada por la derecha en toda la región", según el presidente boliviano Luis Arce. Mientras tanto, el Consejo de Estado ha reafirmado la competencia del CNE para investigar a Petro, aunque sin la potestad de destituirlo.
