
La operación simultánea incluyó 45 allanamientos y reveló una estructura criminal que también albergaba y trasladaba personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
Seis ecuatorianos seguirán en prisión provisional tras ser acusados de cooperar en el tráfico de drogas; las investigaciones continúan.
Jurídico20/11/2024La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención provisional de seis ciudadanos ecuatorianos procesados por cooperación en el tráfico de drogas. La decisión fue tomada tras la audiencia inicial realizada en el Juzgado de Paz del distrito de Acajutla, en Sonsonate. Los imputados son: Darío Xavier Mieles Barabo, José Leonardo Marín Espinales, Carlos Julio Alonso Alvia, Jordán Eduardo Ávila Mero, Freddy Jonathan Mero Mero y Ángel Cristóbal Marín Medina. Este último también enfrenta cargos por posesión y tenencia de marihuana.
Los acusados fueron detenidos el 17 de octubre por la Marina Nacional a 825 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, en San Luis La Herradura, La Paz. Se encontraban a bordo de dos lanchas ecuatorianas con tres motores fuera de borda cada una. En el procedimiento se les incautaron $2,556.55 en efectivo, 100 pesos colombianos contaminados con cocaína, radios de comunicación, teléfonos satelitales y equipos de navegación.
Durante la inspección de las embarcaciones en el muelle B del Puerto de Acajutla, las pruebas de ion scan detectaron rastros de anfetaminas en una de las lanchas y en dos de los detenidos. Esto refuerza las acusaciones de tráfico ilícito que enfrenta el grupo. Las autoridades destacaron que estos hallazgos son parte de una estrategia para desarticular redes internacionales de narcotráfico que operan en la región.
El caso sigue en fase de investigación mientras se analizan las pruebas y conexiones de los imputados con otros posibles actores. La FGR reiteró su compromiso de perseguir este tipo de delitos para garantizar la seguridad en el país y en las fronteras marítimas.
La operación simultánea incluyó 45 allanamientos y reveló una estructura criminal que también albergaba y trasladaba personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
Los implicados exigieron $30,000 a cambio de liberar a la víctima; recibirán penas de 45 y 30 años de prisión.
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