Pandillero de la MS13 recibe condena de 113 años de prisión por extorsión a empresarios

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la condena de ocho pandilleros de la MS13 por su participación en una serie de extorsiones dirigidas a empresarios y comerciantes de San Miguel. Los miembros de la mara pertenecen a diversas clicas del Programa Usulután, como Normandis, Pinos, Tierra Blanca, Molinos, Tainy Winos y Vegas, y operaron entre el 20 de julio de 2019 y el 20 de enero de 2020. Durante este período, los procesados exigieron pagos semanales, quincenales y mensuales a las víctimas, a cambio de no atentar contra sus vidas.

El Tribunal Primero contra El Crimen Organizado D de San Miguel dictó la sentencia más alta a Noé Quinteros Hernández, quien desempeñaba funciones como colaborador de la pandilla. Este individuo fue condenado a 113 años de prisión por su implicación en seis extorsiones agravadas, actos preparatorios, proposición, conspiración, asociaciones delictivas y organizaciones terroristas. La pena refleja la gravedad de los delitos cometidos por los miembros de la estructura criminal.

Otros miembros de la pandilla también enfrentaron condenas significativas. Ronaldo Miranda Ventura, alias "Mincho" y quien ostentaba el rango de "paro", fue sentenciado a 25 años de prisión por extorsión agravada y organizaciones terroristas. Por su parte, Franklin Alonso Portillo Hernández y Carlos Alberto Umaña Galvez, alias "Pupa", ambos colaboradores, recibieron 8 años de prisión cada uno por su participación en organizaciones terroristas.

En cuanto a los pandilleros procesados en rausencia, se destacó la condena de Mauricio Alexánder Rubio Lara, quien recibió 25 años de prisión por extorsión agravada y organizaciones terroristas. José Enoc Reyes Claros, con el rango de "homeboys", fue sentenciado a 24 años por diversos delitos, mientras que Cristian Bladimir Góchez y Jénnifer Karina Paz Castro, también condenados en ausencia, fueron sentenciados a 20 y 8 años de prisión, respectivamente, por tráfico ilícito y organizaciones terroristas. Las condenas refuerzan el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la criminalidad organizada.