Crítica internacional por el traslado de migrantes deportados a Guantánamo bajo la administración Trump

Como parte de su estrategia de deportaciones masivas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a fines de enero la preparación de un centro en la base de Guantánamo con capacidad para 30.000 personas. La medida ha generado fuertes críticas de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

"Es ilegal que nuestro gobierno use Guantánamo como un agujero negro legal", afirmó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en la ACLU, una de las organizaciones que han denunciado la falta de acceso a servicios legales para los migrantes trasladados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que la estancia en Guantánamo será temporal y que trabajarán con el Congreso para garantizar un uso adecuado de la base. Sin embargo, organizaciones humanitarias alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos de los detenidos y la falta de transparencia en el proceso. 

Desde su establecimiento a inicios del siglo XX, la base de Guantánamo ha sido objeto de controversia. Durante la década de 1990, albergó migrantes haitianos y cubanos, y tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, se utilizó para la detención de sospechosos de terrorismo.

A pesar de los cuestionamientos, los primeros deportados bajo esta nueva política ya han sido trasladados a la base, aunque aún no se han esclarecido los criterios de selección ni la duración de su estancia.