Persisten tensiones legales y diplomáticas en el caso de Kilmar Ábrego García

Pese a la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que exige facilitar su regreso, Kilmar Ábrego García, salvadoreño deportado por error, continúa recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La administración de Donald Trump insiste en que fue “un error administrativo”, pero no ha gestionado su retorno. Por su parte, Nayib Bukele declaró desde la Oficina Oval: “¿Cómo voy a introducir a un terrorista de contrabando a Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacerlo”.

El caso ha desatado críticas de expertos en migración y derechos humanos. Jaime Barrón, abogado de inmigración, fue enfático: “Deportar a alguien con suspensión de remoción es ilegal, y constituye una violación de leyes migratorias, derechos constitucionales y normas internacionales de derechos humanos”. Ábrego contaba con protección legal desde 2019, otorgada por un juez de inmigración que reconoció el riesgo que corría en El Salvador.

Para Rosa Barrientos-Ferrer, analista de Center for American Progress, el tema trasciende lo legal. “Es una cuestión de orgullo. Quieren enseñarle al mundo quién manda y demostrar que están por encima de la ley”, aseguró. Añadió que tanto Trump como Bukele tienen la facultad de corregir el error: “Lo preocupante es que, si le pasó a Kilmar Ábrego García, le puede pasar a cualquier estadounidense”.

El profesor Gabriel Chin, de la Universidad de California, señaló que el regreso de Ábrego podría gestionarse de forma sencilla si existiera voluntad política. “Ellos podrían solicitar que una persona sea liberada o enviada de nuevo. Ambos gobiernos… podrían hacerlo”. Mientras tanto, el futuro de Ábrego García sigue en suspenso, en medio de tensiones entre decisiones judiciales y posturas políticas.