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La Corte Suprema de Estados Unidos avaló esta semana la decisión del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de varios países, incluido Venezuela. La medida afecta directamente a quienes obtuvieron la designación en 2023, aunque aquellos amparados desde 2021 conservarán su protección hasta septiembre. Según datos oficiales, el TPS había sido otorgado a aproximadamente 600,000 venezolanos, permitiéndoles residir, trabajar y estudiar legalmente en el país.
Cecilia González, de 26 años y residente en Florida, forma parte de una demanda presentada por migrantes venezolanos y la TPS Alliance contra la medida. “Nos dio una capita más de protección dentro de este limbo migratorio que representa vivir en Estados Unidos como inmigrante”, expresó la joven, quien emigró en 2017 y recientemente obtuvo su título en Ciencias Políticas en la Universidad de Florida Central.
El fallo ha provocado sentimientos de angustia y traición entre quienes confiaron en el sistema migratorio. “Somos perseguidos por otro gobierno, una vez más”, declaró Cecilia, mientras que otros denunciaron haber sido tratados como criminales pese a estar legalmente en el país. “Nos tratan de criminales, pero acá el único con 34 cargos penales está sentado en la Oficina Oval”, añadió la joven en alusión al expresidente Trump.
Organizaciones como el American Venezuelan Caucus y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio han advertido que esta decisión podría forzar a miles a abandonar el país o enfrentar una posible deportación. A pesar del panorama, Cecilia mantiene la esperanza: “Si este país es tan grande y tan bueno como mis papás lo creen, la justicia va a prevalecer al final del día”.
