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La norma fue aprobada en el Senado el 17 de septiembre y establece principios de uso antropocéntrico, seguro y transparente. Regula aplicaciones en la sanidad, la justicia, la administración pública y la educación. “El objetivo es garantizar trazabilidad y que el control humano no desaparezca en áreas sensibles”, señaló un portavoz parlamentario.
La ley contempla sanciones de uno a cinco años de prisión para quienes utilicen la inteligencia artificial con fines dañinos, como la difusión de imágenes manipuladas. Además, prohíbe divulgar datos de menores sin consentimiento. También prevé que cada dos años se actualice la estrategia nacional en este ámbito y crea un observatorio para vigilar posibles abusos.
El subsecretario de Innovación Digital, Alessio Butti, sostuvo que la medida “marca un paso decisivo para orientar la IA hacia el respeto de los derechos”. Sin embargo, desde la oposición se cuestionó la gestión de recursos, mientras la Red por los Derechos Humanos Digitales advirtió sobre un “excesivo control gubernamental” en la implementación.
