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La Unión Europea ha puesto en el centro de atención a importantes actores del mundo tecnológico, como Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (la empresa matriz de Google), Meta (dueña de Facebook) y ByteDance (responsable de TikTok), a través de una nueva legislación destinada a controlar el poder de estas empresas en el mercado digital.
Internacionales07/09/2023Estas seis compañías han sido etiquetadas como "controladoras" y están sujetas al más alto nivel de escrutinio de acuerdo con la Ley de Mercados Digitales de la UE, que busca evitar que las grandes empresas tecnológicas monopolicen los mercados digitales. La normativa establece una serie de directrices para regular la conducta de estas empresas, con la amenaza de sanciones sustanciales e incluso la posibilidad de disolver una empresa en caso de incumplimiento.
Esto forma parte de una extensa actualización de las políticas digitales de la UE, que comenzarán a aplicarse este año y que se suma a la Ley de Servicios Digitales, diseñada para garantizar la seguridad de los usuarios de internet, que ya está en vigor.
El comisario europeo de política digital, Thierry Breton, declaró que es "hora de cambiar las reglas del juego y asegurarse de que ninguna plataforma en línea actúe como si fuera 'demasiado grande para preocuparse'".
La Comisión Europea define a las plataformas digitales como "gatekeepers" si funcionan como intermediarios clave entre empresas y consumidores, proporcionando "servicios básicos de plataforma". Estos servicios incluyen productos y servicios como el navegador Chrome de Google, los sistemas operativos Windows de Microsoft, aplicaciones de mensajería como WhatsApp de Meta, redes sociales como TikTok y otros que desempeñan un papel de intermediario, como el Marketplace de Amazon y la App Store de Apple.
Las empresas afectadas tienen un plazo de seis meses para comenzar a cumplir con los requisitos de la Ley de Mercados Digitales, que transformará la forma en que operan estas grandes empresas tecnológicas.
Entre las regulaciones se incluye la cooperación entre servicios de mensajería, la prohibición de favorecer productos propios en los resultados de búsqueda y restricciones en la recopilación de datos personales para la publicidad dirigida. El incumplimiento de estas normativas podría resultar en multas de hasta el 10% de los ingresos globales de la empresa, llegando al 20% en caso de reincidencia, e incluso la disolución de la firma.
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