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Con la Corte Suprema de Justicia evaluando diez demandas de inconstitucionalidad y tan solo seis meses antes de las elecciones generales, la pregunta clave es: ¿cuáles son las opciones que tiene Panamá para responder al estallido social?
Las movilizaciones, que comenzaron en julio de 2022, han evolucionado desde entonces, adquiriendo una magnitud aún mayor desde octubre de 2023. El foco de la indignación recae en el contrato renovado entre el Gobierno de Laurentino Cortizo y Minera Panamá, la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals Ltd. Este acuerdo, que se extiende por 20 años más, ha provocado malestar profundo debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental en el corredor biológico mesoamericano, crucial para la biodiversidad desde Panamá hasta México.
En medio de este conflicto, la cifra de 1,200 personas detenidas, incluyendo 152 menores, por delitos de vandalismo y daños a la propiedad, resalta la tensión que prevalece en todo el país. Además, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) advierte sobre pérdidas económicas sustanciales, estimando que la economía panameña podría sufrir hasta 1,700 millones de dólares debido a los bloqueos.
Con las próximas elecciones generales a la vuelta de la esquina, la necesidad de una solución pacífica y sostenible se vuelve aún más apremiante.
